Ponchos Rojos amenazan a quienes participen del cabildo nacional
Los Ponchos Rojos amenazan con ‘chicotear’ a todos los que participen del cabildo nacional por la “libertad y la democracia” de este miércoles, 25 de enero. Así lo confirmó el ejecutivo de este sector y dirigente de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari”, Luciano Marca, quien además afirma estar facultado por la justicia originaria campesina para ejercer violencia.
El masista Luciano Marca. Foto: ANF.
“Nosotros vamos a poder convocarnos también ese día con una marcha para que el cabildo sea un fracaso, nosotros vamos a chicotearles porque nuestra justicia indígena nos dice que nosotros podemos chicotearles a ellos porque ellos quieren desestabilizar nuestro Gobierno”, dijo Marca.
El dirigente campesino enfatizó que se convocará a una especie de contramarcha en las diferentes ciudades capitales del país para evitar que se lleve a cabo el cabildo.
“El 25 de enero vamos a contrarrestar esa marcha (...) algunos grupitos quieren desestabilizar la democracia (así que) vamos a contrarrestar a esos grupillos que quieren hacer mal a nuestro Gobierno", aseguró Marca.
Por su lado, Manuel Morales, representante del Comité de Defensa de la Democracia (Conade) de La Paz, minimizó las advertencias de Marca y ratificó que la movilización será completamente pacífica.
“Nos valen sus amenazas, que vengan, si van a venir a chicotearnos, nosotros les vamos a mostrar nuestras manos sin petardos, sin piedras, sin palos, sin dinamita, porque la ciudadanía democrática no necesita de amenazas ni de usar la fuerza”, señaló Morales.
El cabildo nacional “por la libertad y democracia” se realizará a las 18:00 de este miércoles, 25 de enero, de forma simultánea en las nueve ciudades capitales del país. Allí, se consultará a la población sobre la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho, sobre la recuperación de la democracia y sobre una reforma judicial. Además, se analiza tocar otros temas como el rechazo a la nueva malla curricular y la desconfianza de la Gestora Pública.
Fuente: El Deber