Procurador pide intervenir colegios que están en manos de los jesuitas
El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, busca no solo la sanción a los posibles responsables o encubridores en los casos de pederastia, también pretende la intervención en los colegios administrados por jesuitas o de convenio; la revisión del estatus legal de la Compañía de Jesús y las propiedades. En tanto, que la ministra María Nela Prada pidió no generalizar el problema.
El procurador Wilfredo Chávez. Foto: Internet.
Chávez, en entrevista con un medio gubernamental este miércoles en la mañana, anunció lo que en la tarde sería una realidad, el allanamiento de las oficinas de la Curia y del colegio San Calixto en la ciudad de La Paz. “Hemos pedido (…) se deba intervenir las oficinas, si es el caso allanarlas, una serie de medidas que se tienen que dar de protección a las víctimas”, sostuvo.
La autoridad se refirió a la Compañía de Jesús y en general a la Iglesia católica porque en su criterio cada día aumentan los casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en Bolivia, hecho que se develó –dijo– desde la publicación del diario del sacerdote Alfonso Pedrajas, quien registró sus crímenes.
Este miércoles, por orden fiscal los investigadores allanaron las oficinas de la Compañía de Jesús, pero también el colegio San Calixto, secuestraron documentos y precintaron el lugar. La orden religiosa mediante un comunicado informó que “ha brindado toda la colaboración del caso a las autoridades y les ha proporcionado la documentación solicitada”.
Asimismo, ha puesto a disposición de las autoridades los archivos provinciales para futuros requerimientos de la Fiscalía, como una muestra más de la voluntad institucional de cooperar en la búsqueda de verdad y justicia con relación a las denuncias de abuso sexual y/o encubrimiento.
No obstante, para el Procurador “por lo menos dos sacerdotes que han aparecido ahí como denunciantes o algo así, cuando ellos mismos han sido quienes han encubierto en el último tiempo y han rechazado (hasta) las cartas de los exalumnos del colegio (Juan XXIII) que pedían aclaraciones cuando ya habían conocido el diario (del cura pederasta) el año pasado”, dijo Chávez.
Sin embargo, la orden ratificó el ánimo de transparencia y cooperación efectiva que tiene, en esa línea recordó que “entregó voluntariamente a los fiscales la documentación de las investigaciones internas del caso Pedrajas, en fecha 5 de mayo, y sobre los casos Roma y Mestre, en fecha 9 de mayo. Dichos documentos están siendo ya utilizados por las autoridades para sus actos investigativos”.
La Fiscalía entre sus acciones investigativas también ha citado al Provincial Bernardo Mercado y al sacerdote Osvaldo Chirveches a declarar en calidad de testigos, ambos se presentaron para contribuir en las investigaciones de los hechos de pederastia.
Para Chávez, no es suficiente las investigaciones que se realizan en contra de los posibles responsables o encubridores de los casos de pederastia, apuntan a afectar el trabajo de la orden religiosa en sus diferentes obras, es por eso que ha pedido al Ministerio de Educación la “intervención” a las obras educativas.
“Al Ministerio de Educación que tome medidas de protección para los niños, niñas y adolescentes en los colegios administrados por jesuitas o con convenio, la intervención inmediata del Ministerio de Educación”, sentenció.
Pero, además, “hemos pedido a la Cancillería revisar con cuidado el estatus legal de la Compañía de Jesús, eso es importante. No podemos vivir con un mini estado dentro de un Estado”, dijo.
Chávez también solicitará información sobre los bienes de la Iglesia católica, por ejemplo, el tema de las tierras, quiere conocer qué cantidad de tierras tiene la Iglesia católica y quiénes la trabajan, señaló que la Constitución es clara sobre la regulación.
Prada: No todos son pederastas.
Por su parte, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, entrevistada en radio Fides manifestó que con el objetivo de luchar contra el abuso a niños, niñas y adolescentes el Gobierno planteó un proyecto de ley de imprescriptibilidad de los casos de violencia sexual a menores.
Manifestó que el objetivo que preservar la integridad de los menores y que el Estado debe protegerlos, la norma surgió en medio de las denuncias de casos de abuso sexual a menores, principalmente en entidades de la Iglesia; sin embargo, la autoridad manifestó que no se puede generalizar, que los delitos son cometidos por personas individuales.
“Totalmente de acuerdo. Eso es algo que he estado precisando, a mí no me gustan las generalizaciones. Se debe actuar contra los delincuentes o contra los violadores, el violador sacerdote o no en estos casos que se dan a conocer son sacerdotes son delitos que deben ser sancionados”, sostuvo la autoridad en radio Fides.
Reiteró que “no puede haber una generalización”, ya que no son todos los sacerdotes “pederastas”, por lo que recomendó “identificar a quienes comente estos terribles delitos y sancionarlos” para que no existan mantos que sigan en una especie de “oscurantismo” y silenciando las voces de niños y niñas.
Padres de familia.
De su lado, padres de familia, expromociones y la promoción actual del colegio San Ignacio de Loyola de La Paz emitieron un comunicado para exigir que los autores de pederastia en instituciones educativas sean identificados y castigados; sin embargo, resaltaron que hasta el momento no se conoció de alguna denuncia sobre abusos sexuales en esa unidad educativa, por lo que piden no caer en generalidades y en el desprestigio institucional de las obras de la Compañía de Jesús.
“Es necesario que como Padres de Familia hagamos público este comunicado de apoyo al Colegio San Ignacio como unidad educativa y al actual director Padre Arturo Moscoso ya que un principio jurídico y constitucional importante es la presunción de inocencia. En nuestro país nos hemos acostumbrado a condenar sin escuchar. En este sentido, nos entristece mencionar que algunos padres de familia han empezado una campaña interna de desinformación y desprestigio, para luego repetirla externamente, poniendo al colegio en una posición muy complicada debido a que, por lo menos a la fecha, no se ha presentado ninguna denuncia por abusos ni violaciones en el San Ignacio”, indica el documento.
Fuente: ANF
