Contrabandistas pueden internar hasta 8 camiones y no ir a la cárcel

El artículo 181 del Código Tributario, modificado en el Gobierno de Evo Morales, subió el monto punible de la carga a 200.000 UFV (Bs 492.000). El ilícito provoca pérdidas de $us 500 millones por año.

El contrabando de mercadería provoca una pérdida estimada de $500 millones al año. Fotos: El Deber.
Ya sea en algún paraje del frío altiplano, cerca de Chile y Perú con los que el país comparte una inmensa frontera, o en los pasos ilegales a Argentina, Brasil y Paraguay, el contrabando fluye como un río, sin ningún tipo de atajo a su paso. Toneladas y toneladas de mercadería ingresan al territorio por redes criminales tan sofisticadas que incluso usan el delivery para distribuir estos productos en el mercado nacional. Pero al margen del poder que tienen estos grupos para imponer su ley, existe otro factor que ayuda a que esta actividad ilícita tenga, en la práctica, vía libre para operar en Bolivia.



El marco legal es tan laxo que permite que una persona pueda ingresar hasta ocho camiones llenos de mercadería ilegal y no ir a la cárcel. Su única sanción es administrativa y en el mejor de los casos una sanción económica.

Este dato no es lanzado al azar, al contrario, está establecido en el artículo 181 del Código Tributario. Este apartado establece que el contrabando no es un delito sancionable penalmente, cuando el valor de los tributos omitidos de la mercadería es menor a las 200.0000 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), lo que equivale a Bs 492.000.

Cambios.

Anteriormente, el Código Tributario (Ley N°2492) aprobado en 2003 establecía que un contrabandista podía ir a la cárcel si el valor de los impuestos omitidos por mercadería superaba las 10.000 UFV (Bs 24.600) y cumplir una condena de hasta 10 años de cárcel.

Esto cambió en 2009, mediante la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) que fijó un rango sancionatorio de más de 200.000 UFV. Luego en 2011, mediante la Ley N°100 — aprobada el 4 de julio de ese año— bajó el monto a las 50.000 UFV, pero la medida no tuvo ni dos años de vigencia. El 11 de diciembre de 2012 la Asamblea Legislativa Plurinacional nuevamente volvió a subir a 200.000 UFV el valor de la mercadería para que se considere esto como delito aduanero; siendo este parámetro el vigente en actualidad.

Según el Banco Central de Bolivia (BCB) cada UFV tiene un valor de Bs 2,47. Haciendo la conversión, se calcula, que un contrabandista puede ingresar mercadería por casi medio millón de bolivianos, que es equivalente a ocho camiones de alto tonelaje con mercadería convencional, sin el miedo a ir a la cárcel, de acuerdo a un estudio realizado por la Cámara Nacional de Industrias.

Ciro Áñez, asesor legal empresarial, observa que al empresario formal “se lo trata bajo sospecha dado que existe una serie de controles a su propiedad además de las cargas impositivas y sociales que se debe cumplir”.

Un ejemplo, según el jurista, es la resolución administrativa N.° UIF/25/2023 de 14 de abril de 2023. Se trata del instructivo específico para Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (Apnfd) que establece las empresas de actividad inmobiliaria – Grandes Contribuyentes-, compañías con actividades legales jurídicas o de contaduría- Graco que deben dar información de sus clientes.

En cambio, observó que para el informal no existe control alguno. Observó que el incremento del monto punible realizado mediante Ley Financial del año 2009, siendo que la naturaleza de dicha norma, “no es para cambiar o crear delitos; y, peor aún sin tener siquiera una base técnica o justificación de motivos con análisis especializado”.


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Sostiene que esta norma modificó la calificación de contrabando con lo cual, se abrió un margen mayor de ilicitud.

“Esto hace más permisivo al contrabando, conllevando a una falsa guerra del mismo, pues dicha disposición más adelante se vio ratificada y consolidada mediante la Ley Financial 2013 hasta la actualidad”, sostiene.

En Bolivia, el contrabando incluso está normalizado en varias regiones que ven la actividad ilícita cómo forma de vida. Entre las zonas rojas más conocidas están Ancarabi, Challapata, La Rivera, Todos Santos, Sabaya y Puerto Rico, en la frontera con Chile.

Permisividad.

Antonio Rocha, presidente de la Cámara de Despachantes de Aduana de Bolivia, señala que más allá de problemas en la normativa, que es evidente, es necesario hacer reflexionar a la gente sobre los hábitos de compra que hay en el país, dado que una buena parte de la población consume productos que ingresan de forma ilegal.

El principal problema es la permisividad, no sólo las autoridades, sino de todos con el contrabando y parte de eso es el compromiso que tenemos todos de formalizar un poco la economía y el comercio en Bolivia”, dijo.

Rocha sostuvo que es necesario ajustar la cuantía del contrabando y tipificarlo como un delito y no como una contravención.

Hay sugerencias de bajarlo a 50.000 lo mismo que la defraudación aduanera, pero yo creo que también el problema es que ahí pueden pecar justos por pecadores, por un error de un importador formal se puede convertir en contrabando y en un delito cuando a veces se tipifica un error o un cruce de mercancía que está ingresando legalmente”, planteó.

Señala que el sector industrial se ve afectado directamente por el contrabando. En especial el sector textil y el caso de las industrias de bebidas alcohólica y azucaradas, “donde hay una ingente cantidad de productos que ingresa por la vía ilegal y resta posibilidades de participación de mercado, además de empleo”.

Anualmente este ilícito, según la Cámara de Despachantes de Aduana de Bolivia, por evasión fiscal genera una pérdida de entre $us 400 y $us 500 millones.

Otro estudio de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) sostiene que el contrabando afecta a más de 38.000 industrias que representan 600.000 empleos formales. Esta entidad sostiene que entre 2013 y 2023 la actividad ilegal movió $us 26.764 millones. Además, representa un 7,96% del Producto Interno Bruto (PIB).

Propuesta.



Ante esta situación, la Cámara Nacional de Industrias ha propuesto que se retorne al monto punible para contrabando; es decir, 50.000 UFV por tributo aduanero omitido. Esta iniciativa fue presentada durante la Cumbre para la Reactivación Económica y Productiva realizada en 2022.

Pero a más de un año, esta iniciativa aun no llega a concretarse.

Una de las razones, de acuerdo a la Cámara Nacional de Industrias, es que es necesaria una articulación de la sociedad civil para incidir de manera coordinada en la política pública, para rearticular el Consejo Nacional de Lucha Contra el Contrabando.

Desde el Estado la propuesta fue vista con buenos ojos. No obstante, todavía no hay avances, desde el Poder Ejecutivo.

“Con el anteproyecto se va a buscar que las personas que se dediquen al ilícito del contrabando sean sancionadas a través de diferentes normativas y con esta medida con seguridad va a bajar el tema del contrabando”, señala el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Pedro Vargas, en comunicado de esa instancia estatal.

En 2022, según el último informe de la Aduana Nacional de Bolivia se realizaron 4.500 operativos y se logró incautar mercadería por un valor de Bs 400 millones ($us 57,4 millones), es decir, una ínfima parte de lo que ingresa por vía ilegal al país.

Y mientras no se ajusten las normas, el contrabando seguirá fluyendo por los diferentes puntos fronterizos del país.

Fuente: El Deber

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