Gobierno usa la presión judicial y violencia policial para desgastar a Adepcoca
Con el objetivo de doblegar a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas de La Paz, el Gobierno recurre a la vía judicial, la violencia, el desgaste y dirigencias paralelas, prácticas a las que recurre durante un par o algo más de años para desmovilizar a los socios de la institución orgánica y repetir la acción meses después.
El mercado de coca ilegal de Arnold Alanes estaría fomentando el narcotráfico. Fotos: Internet, captura Los Tiempos.
La jornada de este martes, nuevamente el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), con el brazo operativo de la Policía, reprimió a los socios de Adepcoca que demandan el cierre del mercado paralelo ilegal.
Luego de los enfrentamientos de ayer, la dirigencia de la Adepcoca emitió una convocatoria para que la totalidad de sus socios de Yungas vaya mañana hasta la sede de Villa Fátima a resguardar sus instalaciones ante una probable toma de los afines al MAS.
El Gobierno, pese a reconocer la ilegalidad del mercado de Villa El Carmen, continúa desplegando decenas de efectivos policiales armados de gases lacrimógenos y balines de goma para proteger el espacio ilegal y desmovilizar a los socios.
Persecución.
En menos de dos años, el gobierno del MAS persiguió judicialmente a los dirigentes electos de Adepcoca orgánica para que sus representantes azules tomen las riendas de la institución privada cocalera.
Este martes, se conoció una demanda penal contra el actual presidente de Adepcoca, Freddy Machicado, por el presunto delito de instigación pública a delinquir. La demanda fue planteada por el protegido del MAS y dirigente paralelo, Arnold Alanes.
En tanto, Machicado respondió anoche a la denuncia de Alanes: “Veremos si hay una justicia imparcial en el país”.
“A mí me tiene sin cuidado lo que haga o lo que deje de hacer este sujeto porque, simplemente, yo junto a nuestros hermanos socios estamos pidiendo el cumplimiento de la ley”, señaló Machicado.
El dirigente reiteró que el sector movilizado pide que se respete la Ley General de la Coca, que reconoce dos mercados legales de coca en Bolivia: el de Villa Fátima, en La Paz, y el de Sacaba, en Cochabamba.
“Si es delito pedir el cumplimiento de la ley o de las normativas, pues las autoridades que imparten justicia dirán. Veremos si hay una justicia imparcial en nuestro país o bien la justicia responde a fines políticos”, aseveró.
Antecedentes.
Por la vía judicial, el Gobierno también persiguió a los exlíderes cocaleros Franclin Gutiérrez y Sergio Pampa.
Gutiérrez fue encarcelado con detención preventiva por un año y dos meses, por presuntamente estar vinculado en la muerte por impacto de bala del capitán Daynor Sandoval, en un conflicto por la erradicación de cultivos ilegales.
Pampa, que se quedó al mando de Adepcoca, luego de que Gutiérrez fuera enviado a la cárcel, un año después de este hecho también fue aprehendido por el mismo caso, sin prueba alguna.
Armin Lluta, elegido como presidente de Adepcoca orgánica, también fue procesado, pero por presunta desobediencia a una resolución de la justicia.
En este caso, Lluta, que en medio de refriegas fue secuestrado y abandonado golpeado en la cumbre, se benefició con medidas sustitutivas.
La dirigente tomó el centro de salud de los cocaleros, en espera de que se le entregue la sede. Estas instalaciones fueron utilizadas para comercializar coca.
Posteriormente, en unas elecciones anuladas y reeditadas por aclamación, fue electo Arnold Alanes, quien responde al MAS.
Buscan desgastar la movilización.
Dirigentes de la Adepcoca institucional ante la falta de solución del conflicto señalan que la estrategia del Gobierno es desgastar el movimiento, cansarlos para de esta manera continuar con el mercado ilegal o tomar por la fuerza la infraestructura de la sede de Villa Fátima.
En ese contexto, refieren que, si bien se adelantó convocar al 100 por ciento de las bases, se definió el relevo en la lucha, para sostener la lucha por el cierre del centro de comercialización de coca que apoya el Gobierno.
Refieren que son más de 45 mil socios y que Arnold Alanes sólo cuenta con apoyo de los carpeteros y algunos productores de coca que responden al MAS.
Ven excesos de la Policía en represión a cocaleros.
En medio del conflicto cocalero y el enfrentamiento de ayer, la Policía procedió a revisar las pertenencias de personas que estaban como transeúntes en Villa Fátima, advirtió a negocios con ingresar si ocultaban a manifestantes y hasta gasificó a un grupo de mujeres, entre ellas una embarazada, quien recibió el agente químico en el rostro, según Erbol.
Los enfrentamientos de este martes se desataron después de que explotaron dinamitas cerca de los policías, dejando herido a un efectivo, quien fue evacuado en ambulancia.
Los policías consideraron lo sucedido como una provocación y lanzaron gases lacrimógenos hacia los sectores donde presumían que estaban los cocaleros, llegando a hacerlos retroceder hasta su sede de Villa Fátima.
Los efectivos antimotines se desplegaron también para revisar a los transeúntes, en particular jóvenes que pasaban por la zona, incluso pidiéndoles su identificación y requisando sus mochilas.
Se observó, asimismo, que los policías fueron a negocios, como una llantería, y al menos una vivienda donde se presumía que se cobijaban los cocaleros, para advertir que podían ingresar y que podrían generarse problemas con la Fiscalía.
En otro sector, en la parte alta de la calle Arapata, un grupo de personas, en su mayoría mujeres, expresó su reclamo para que los policías se retiren del lugar.
Fuente: Los Tiempos
